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Urosa rechaza guerra del gobierno con el pueblo y pide detener la ANC


Durante las protestas contra el Ejecutivo "grupos paramilitares en complicidad con cuerpos de seguridad del Estado han causado muertes en la población de una manera verdaderamente criminal", denunció ayer el cardenal Jorge Urosa Savino. El prelado condenó la represión contra los manifestantes y, especialmente, los disparos de armas de fuego accionadas de forma directa a la cabeza, de perdigones a corta distancia o las bombas lacrimógenas que buscan causar daños mortales. Rechazó el asesinato de más de 80 ciudadanos desde abril.

"El gobierno tiene una guerra contra el pueblo", señaló el cardenal Urosa Savino, también arzobispo de Caracas. Llamó al Ejecutivo a recapacitar y a que cese en su propósito de imponer la constituyente.

"Que el gobierno desista de estar utilizando recursos legales para desmantelar el Estado; implantar un sistema totalitario marxista y ahora también militar, militarista. Todo eso es reprochable e intolerable y no es el camino que desea la mayoría del pueblo", afirmó.

Insistió en que en las manifestaciones se ha evidenciado una cruel represión. Rechazó el asedio a conjuntos residenciales, el ingreso forzado a los domicilios, el ataque a las personas en sus casas sin órdenes de allanamiento. El cardenal respaldó las acciones emprendidas por la fiscal, Luisa Ortega Díaz.

"Yo creo que la fiscal general de la República ha tomado una posición muy democrática, precisamente denunciando toda una serie de abusos y es preciso que tales abusos cesen", dijo.

El cardenal destacó que el gobierno está en mora con la población al no garantizar la seguridad alimentaria a los venezolanos.

"Todo quieren resolverlo con la importación, cuando nosotros tenemos una naturaleza verdaderamente generosa. Aquí, en Venezuela, no haría falta que nosotros tuviésemos que estar importando nada. Es el gobierno el que tiene que resolver esta situación terrible y dramática de hambre, de carestía cada vez mayor", afirmó.

Señaló que el pueblo no requiere una nueva Constitución, porque sus prioridades son la comida, la seguridad ciudadana, elecciones democráticas y libres, y el respeto a las leyes.