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TSJ declara inconstitucional la Ley de Propiedad de Viviendas


El Tribunal Supermo de Justicia (TSJ), en su Sala Constitucional, declaró este viernes la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda y Otros Programas Habitacionales del Sector Público, que fue sancionada por la Asamblea Nacional el 13 de abril de este año.

El pronunciamiento de la máxima instancia del Poder Judicial se hizo tras la solicitud del presidente, Nicolás Maduro, que desde que se conoció la iniciativa legislativa manifestó su rechazo a la norma y posteriormente solicitó al TSJ que determinara su constitucionalidad.

El comunicado publicado en la página oficial del ente publico explica que: "el fallo se concluye que la referida Ley resulta en su conjunto inconstitucional al imponer una regresión en cuanto a la materialización del derecho a una vivienda digna, por cuanto contraviene los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia por no garantizar el ejercicio pleno del derecho de las familias a tener un hogar, además de no haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional."

La legislación, que fue aprobada en el pleno con el voto de los opositores, que ocupan 109 de los 163 escaños de la Cámara, permitiría a los beneficiados gozar de todos los deberes y derechos de propietarios, algo que, según los opositores, les es negado actualmente.

El proyecto de ley fue una promesa de campaña de los opositores, presentado por el jefe de la bancada parlamentaria opositora, Julio Borges, y aprobado solo con los votos de la oposición, cuyos representantes aseguraron que estas viviendas son entregadas bajo condiciones que prohíben la venta, el traspaso, alquiler o la hipoteca del inmueble.

EL TSJ concluyó el texto con "es preciso imponer límites a la propiedad de las viviendas de interés social para impedir que los adjudicatarios de las mismas resignen dicho derecho por razones económicas y se desvirtúe la función social de dicha propiedad para favorecer al mercado inmobiliario."

Fuente: La Verdad