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Sistema biométrico no resuelve el problema de la escasez en Venezuela


Aceite de cocina, arroz, café, pasta dental, pollo, detergente, margarina y leche son llamados coloquialmente "oro" entre los ciudadanos, por lo raro y difícil que se vuelve conseguirlos. El sistema de identificación de huellas dactilares implementado por el gobierno para asegurarse de que una misma persona no pueda realizar la compra de un mismo producto una y otra vez, conocido como "sistema biométrico", no está dando los resultados promulgados por el Ejecutivo, ya que su puesta en marcha no ha servido para aliviar la escasez que, según declaraciones del presidente, tiene como principales responsables a los contrabandistas.

Para algunos economistas, la repercusión real del contrabando sobre la escasez no afecta más que a un 10% del total de los productos disponibles en el mercado nacional, ya que el verdadero problema de raíz permanece y las autoridades no hacen nada por impedir que sus consecuencias se continúen agravando: una combinación tóxica de una industria paralizada por nacionalizaciones y la intervención del gobierno, y un complejo régimen de divisas que priva a los importadores de los dólares que necesitan para pagar por bienes básicos.

Sin embargo, Maduro expresó que el contrabando se lleva al vecino país Colombia cerca del 40% de los productos de primera necesidad que allá revenden con un grueso margen de ganancias, los mismos productos por los que los venezolanos hacen interminables colas durante horas, a veces a pleno sol y sin ninguna garantía de conseguir realmente lo que necesitan, ya que solo un 30% de supermercados selectos cuentan con ellos. De hecho, ha habido reportes de máquinas captahuellas defectuosas que han hecho esperar a los compradores por horas, dificultando aún más el proceso. Sólo países como Corea del Norte y Cuba han tenido que recurrir al racionamiento de insumos básicos como medida de contingencia ante la escasez.

Venezuela, sin embargo, es uno de los casos más paradójicos, tomando en cuenta que, sólo el año pasado, cerró con ventas de US$ 114.000 millones en crudo, y donde incluso la gasolina también se raciona, obligando a los usuarios a implementar un código de barras en el parabrisas del auto para intentar regular el acaparamiento y contrabando. A todo esto se suma el desplome actual del precio del petróleo, que ha caído casi US$ 15 por barril desde septiembre para cotizar a US$ 75,90 la semana pasada; declive que producirá, para los analistas, incluso más escasez en un país ya corto de efectivo.

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