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Parlamento declara a Maduro responsable de crisis y el chavismo acusa de 'Golpe de Estado'


CARACAS
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este martes la "responsabilidad política" del presidente Nicolás Maduro en la grave crisis del país y solicitará a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el mandatario que lleve a su destitución.

La votación fue aprobada por toda la bancada opositora, después de que los diputados chavistas se retiraran del hemiciclo denunciando un "golpe de estado" y recordando que el "juicio político" (impeachment) no existe en la Constitución y que las decisiones del Legislativo son nulas desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en "desacato".

Tras una discusión de dos horas y media, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, anunció que por "unanimidad" quedó aprobado el acuerdo que declara "la responsabilidad política del presidente por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación".

El texto contempla pedir al Ministerio Público "que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un antejuicio de mérito contra el presidente de la República", en medio de una aguda escasez de alimentos y medicinas y una disparada inflación.

También se emplazó a una comisión especial que concluya "con la mayor celeridad las consultas" para "declarar el abandono del cargo en la Presidencia", alegando que Maduro incumple con sus funciones constitucionales.

Respuesta del chavismo

El jefe de la bancada oficialista del Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, dijo este martes que el Legislativo, de mayoría opositora, busca dar un "golpe de Estado" en su país, al utilizar "figuras que no existen en la Constitución" para destituir al presidente Nicolás Maduro de su cargo.

"Hoy en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se intenta nuevamente dar un golpe de Estado; un golpe de Estado parecido al que dieron en Honduras y Paraguay y en Brasil; un golpe de Estado tratando de utilizar figuras que no existen en la Constitución", afirmó Rodríguez a periodistas desde la sede del Legislativo.

En ese sentido, indicó que es "importante que los diputados de la Mesa de la Unidad, que la directiva de la AN, quien ha ejercido su función de forma irresponsable, asuma todas las consecuencias de un juicio al presidente de la República y asuma todas las consecuencias de un golpe de Estado que están intentando dar".

Rodríguez realizó estas declaraciones luego de anunciar que su bancada se retiró de la sesión de la AN en la que se debatía la posible responsabilidad política del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la ruptura del orden constitucional del país.

Asimismo, indicó que en el reglamento de la Cámara tampoco existe "la posibilidad de que esta AN juzgue la acción del presidente de la República".

En tal sentido, el parlamentario llamó a los seguidores del chavismo a una "movilización permanente" y pidió a las instituciones "en nombre del pueblo venezolano" actuar "para que se respete la Constitución".

"Que las instituciones del Estado actúen para que se respete la democracia, que la instituciones del Estado actúen para proteger a nuestro pueblo", señaló.

Por su parte, el diputado chavista Pedro Carreño recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que pide a los diputados de la AN "abstenerse de continuar" con el "juicio político".

"Por lo tanto, si esa sentencia del 15 de noviembre ordena a la AN que se abstenga y hoy de manera deliberada lo hace, hoy se está cometiendo una reincidencia en el desacato", aseguró, por lo que a su juicio, con el debate "no se logra nada porque no tiene ni carácter vinculante, ni valor probatorio, y por lo tanto es inoficioso".

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había pospuesto este juicio parlamentario -barajando incluso la posibilidad de declarar el "abandono del cargo" de Maduro- para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno, el pasado 30 de octubre.

Pero hace una semana congeló las conversaciones por considerar que el chavismo incumplió los primeros acuerdos, y en exigencia de una salida electoral a la crisis con la reactivación del referendo revocatorio contra el presidente -suspendido el 20 de octubre- o el adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.

Sin que ninguna de esas posibilidades avanzara, la MUD decidió retomar su ofensiva contra Maduro después de críticas internas y de los electores por participar en el diálogo, que el Vaticano y la Unasur -los facilitadores- tratan de reflotar.

Entretanto, el antejuicio de mérito mencionado en la votación se complica por el papel que tienen la Fiscalía y el TSJ, que la oposición considera afines al gobierno y que han protagonizado una lucha de poderes con el Legislativo desde que la MUD asumió la mayoría en enero, tras 17 años de hegemonía chavista.

Ese antejuicio es un largo y complejo proceso que se inicia en el Ministerio Público, que debe establecer si la denuncia es sólida y presentar luego el caso a la Sala Plena del TSJ, cuyos 32 magistrados deben decidir si existen razones para enjuiciar al mandatario.