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Nicolás Maduro perfecciona el apartheid económico en Venezuela


El régimen de Nicolás Maduro está apretando su control sobre la distribución de alimentos en medio de la profunda escasez de productos que enfrentan los venezolanos, perfeccionando un perverso apartheid económico donde la afiliación al chavismo es exigida para poder comer.

Es un sistema que busca fortalecer la posición interna de Maduro, cuando más de un 85 por ciento de los venezolanos desea un cambio de gobierno, pero el esquema podría ser explotado por corruptas elites del chavismo y crear el ambiente para una mayor agitación política, advirtió un informe de la firma IHS Markit Country Risk.

El sistema, que comenzó con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), entidades progubernamentales que distribuyen alimentos sobre la base de la afiliación política de los beneficiarios, ahora se complementa con el establecimiento del llamado Carnet de la Patria, que se usa simultáneamente como una tarjeta de débito y un documento de identidad, señala el informe.

Dado que el régimen ordenó que 50 por ciento de la producción local de alimentos se destine a los CLAP, además de asignarle una importante cuota de los alimentos importados, el programa cobra una importante relevancia en un país donde más de 65 por ciento de los habitantes no come tres veces al día.

"Estas medidas resaltan los esfuerzos de Maduro por incrementar su control del poder a través de un mayor control gubernamental sobre la producción y distribución de comida y con la introducción de un sistema de identificación que podría ser usado para desmotivar protestas en los sectores humildes", resaltó el informe, elaborado por el analista principal de Riesgo Político, Diego Moya-Ocampo.

"Se espera que quienes militen en partidos de la oposición o participen en protestas contra el gobierno sean suspendidos del programa o sufran la anulación de sus tarjetas", resaltó el informe, citando fuentes de IHS Markit.

De la misma manera, los alimentos probablemente se distribuirán en áreas que muestran el mayor grado de lealtad al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en zonas donde no haya protestas contra el gobierno.

El informe advierte que estos instrumentos probablemente amenazarán los ya limitados suministros de alimentos que están padeciendo las otras zonas y no hacen nada para aliviar la situación general de escasez, consecuencia de las expropiaciones masivas de fincas y tierras cultivables, que comenzaron en el 2007, y el rígido control cambiario vigente en el país.

Pero Maduro podría estar jugando con fuego, indica el estudio.

"Aún cuando el objetivo del Carnet de la Patria es asegurar respaldo político para el gobierno, esto tiene una gran probabilidad de ser contraproducente en el año venidero. […] La decisión de favorecer la distribución de alimentos hacia los CLAP aumentará la escasez de alimentos en los supermercados y abastos ubicados en los vecindarios de clase media, donde el gobierno ya es muy impopular", explicó.

"[Y] si la escasez persiste, la población podría volcarse contra el esquema de los CLAP, y la oposición podría explotar [la situación] para convocar nuevas protestas antigubernamentales", resaltó el informe.

Esas protestas pondrían a prueba la capacidad de represión del régimen, aún cuando las Fuerzas Armadas se benefician directamente del negocio de la comida en Venezuela.

El informe señaló que los esfuerzos del régimen por centralizar la distribución de alimentos para destinarla a los CLAP representan un mayor riesgo para las compañías privadas que aún operan en el sector, salvo aquellas alienadas a actores del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Eso se debe a que las últimas normas implementadas facilitan la confiscación de alimentos de productores privados y otorgan a las autoridades amplios poderes discrecionales para escoger qué pueden llevarse y cuándo hacerlo, durante las constantes inspecciones que realizan.

Por otra parte, el informe advierte que la escasez de productos probablemente conducirá a que el sistema genere nuevas oportunidades para la corrupción.

"Grupos progubernamentales a cargo de la administración del programa probablemente van a desarrollar negocios lucrativos para desviar los alimentos hacia el muy rentable mercado negro, que atiende a los vecindarios de clase media y de clase alta", señaló IHS Markit.