Síguenos en: Menu

Inquisición


La fiscal general Luisa Ortega aseguró ayer que está en marcha un "golpe de Estado" más "grotesco" que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez, en 2002, por parte del empresario Pedro Carmona y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos.

La fiscal realizó estas declaraciones en una comparecencia desde el Ministerio Público en la que anunció que no asistió al proceso de antejuicio de mérito en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia, al considerar que no ha cometido delitos y que el máximo tribunal es "ilegítimo" y un brazo ejecutor del Ejecutivo para disolver los poderes.

"Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Carmona, más grotesco que el decreto de Carmona, Carmona fue el que disolvió aquí los poderes públicos", dijo al señalar que el proceso en su contra es un "fraude procesal".

Ortega indicó que con este "fraude procesal" se pretende "intimidar" y callar a la fiscal, porque advirtió dentro y fuera del país que un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia "abandonaron el sometimiento a la Constitución, usurpando cualquier poder, el de la Asamblea Nacional y el del Ministerio Público".

Quieren callarla

"Callarme para que no siga diciendo verdades tales como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional, que proviene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado y de las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo (TSJ)", señaló la funcionaria que fue aplaudida por los presentes en la sala.

Señaló que en caso de ser removida "arbitrariamente" por el TSJ en el proceso de antejuicio de mérito que inició el máximo tribunal del país en su ausencia, tendrá el deber de "colaborar en el restablecimiento" de la vigencia de la Constitución junto a "todo el pueblo venezolano".

Dijo que el proceso en su contra es "una insólita mezcolanza" de procedimientos, que son "incompatibles" y que denotan "una falta de objetividad e imparcialidad" de los que actúan como magistrados "en ese afán de perseguir o ejecutar la persecución ordenada por el Ejecutivo y complacerlo".