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Expropiación petrolera acabó con ocho mil empresas


Los rastros son de "desolación, ruinas, miseria, hambre". Los muelles donde operaban 105 empresas contratistas de PDVSA, expropiadas en 2009 por el Gobierno nacional, tienen ochos años en manos del socialismos de siglo XXI, de la revolución bolivariana que prometió ser ejemplo de progreso a la población de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.

El tiempo pasó y 300 lanchas, cinco astilleros y 30 taladros están olvidados. Los dueños "esperan la indemnización" de Petróleos de Venezuela como lo establece la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública. Disposición legal pendiente "porque 80 por ciento de los afectados no ha sido compensado", precisa Marielena Fernández, diputada del Parlamento.

La resolución firmada por el presidente Hugo Chávez y ejecutada en mayo, afectó una secuencia de prestadores de servicios. "En un estudio detectamos tres niveles, el primero eran 105 contratistas directas, un segundo nivel fueron 800 de servicios, y tercero ocho mil cooperativas". El informe elaborado por la presidencia del Consejo Legislativo del estado Zulia de 2009, presidido por Fernández, responsabilizó a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA en esa fecha, del "asalto" a bienes privados incumpliendo procesos legales.

Fernández presentó en abril ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional las consecuencias del daño a empresas, a ochos mil trabajadores directos y seis mil indirectos. Aseguró que la expropiación ocasionó la ruina de Cabimas, Valmore Rodríguez (Bachaquero), Lagunillas (Ciudad Ojeda) y Simón Bolívar. La decisión presidencial afectó los ingresos por regalías e impuestos que percibían las alcaldías de la COL, y el destino de los recursos para obras y servicios públicos.

El informe coincidió con las investigaciones por "despilfarro" que levantó el Parlamento a la gestión de Rafael Ramírez. "Fueron 11 mil millones de dólares entre 2004 y 2014" que sacuden las arcas de PDVSA. Y se unen a 12 contratos ejecutados "sin licitación", al maletín con 800 mil dólares incautado en Argentina por el caso de Antonini Wilson. A 500 millones de dólares del fondo de pensiones de PDVSA.