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Carente de pruebas, Maduro emplea la tortura para inculpar a opositora Machado en caso de magnicidio


La opositora venezolana María Corina Machado dijo el viernes estar conciente de que puede ser arrestada en cualquier momento, luego de que el gobernante Nicolás Maduro le acusara de participar en una presunta conspiración para asesinarle.

Documentos del tribunal de justicia militar obtenidos por el Nuevo Herald muestran que Machado efectivamente está siendo implicada en el caso, aunque éste carece de pruebas sólidas y los detenidos implicados han denunciado haber sido torturados.

La dirigente venezolana, quien cuenta con uno de los más altos índices de popularidad en el país, advirtió que cerca de 300 militares han sido detenidos en los últimos meses o se encuentran desaparecidos bajo sospecha de haber participado en actividades desestabilizadoras, pero advirtió que el arresto es un riesgo que hoy acecha a todos los venezolanos.

"Cualquiera de nosotros puede ser detenido. Esto es una dictadura. En Venezuela no hay estado de derecho y no hay justicia", dijo Machado tras negar haber participado en la conspiración.

Y aún cuando el régimen pretende involucrarla, Machado dijo que no abandonará Venezuela.

"Yo le pido a los venezolanos que se queden", dijo la dirigente en una entrevista telefónica."Este es nuestro país y no vamos a renunciar a él. El que se tiene que ir de aquí es Maduro y sus mafias. El centro de mi mensaje es quédate y lucha, y eso es lo que estoy haciendo".

El régimen de Maduro anunció semanas atrás que había desarticulado un complot para asesinar al actual líder de la revolución bolivariana para luego proceder a derrocar su gobierno.

Medios locales habían reportado que cerca de una veintena de oficiales ya habían sido arrestados y que entre los civiles involucrados en la conspiración se encontraba Machado.

Esas versiones generaron preocupación en Estados Unidos.

".@MariaCorinaYAesta con el pueblo de #Venezuela en su lucha por la libertad. Maduro y sus secuaces deberían pensarlo dos veces antes de amenazar su vida", escribió el Senador por Florida Marco Rubio en su cuenta de Twitter.

"EE. UU. y la comunidad internacional deben tomar nota y harán cumplir severas sanciones si su vida está en peligro", agregó Rubio, una de las voces más influyentes en Washington sobre la política de Venezuela.

Documentos del caso contra los militares obtenidos por el Nuevo Herald muestran que Machado es acusada de participar y de financiar la presunta "Operación Armagedon".

"Entre las figuras políticas se pudo conocer que se encuentra vinculada [a la conspiración] la ciudadana María Corina Machado, dirigente del movimiento político Vente Venezuela, financista y enlace internacional", resaltó uno de los documentos sin dar más detalles.

En la conspiración, según el régimen de Maduro, también estaría implicado el gobierno colombiano.

Las acusaciones introducidas ante el Tribunal Militar Primero de Control con sede en Caracas implican a más de una treintena de oficiales y personal militar con la presunta conspiración, que además del magnicidio también pretendía sabotear las elecciones presidenciales del 20 de mayo, comicios calificados como una farsa electoral por gran parte de la comunidad internacional.

Pero esas acusaciones solo aparecen sustentadas por menciones a la existencia de "labores de inteligencia", cuyos informes no son incluidos en los documentos del caso.

Adicionalmente, la mayoría de los implicados fueron arrestados ilegalmente antes de que las cortes autorizaran las órdenes de captura, documentos que fueron emitidos después de las detenciones.

Al menos dos de los detenidos declararon en la audiencia ante la juez militar Claudia Carolina Pérez de Mogollón que fueron torturados y que en al menos uno de los casos fueron obligados a firmar sin poder leer, o ser informados, del contenido de las confesiones prefabricadas.

En la entrevista, Machado dijo haber recibido información de los familiares de los detenidos denunciando que éstos están siendo torturados.

Reiteró que ella no quiere la muerte de Maduro.

"Yo le he dicho a Nicolás Maduro que sí lo quiero fuera del [Palacio Presidencial] de Miraflores, pero que lo quiero vivo, para que enfrente la justicia que le ha negado a todos los venezolanos. Y que en el día del cambio, cuando él salga del poder, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para preservar su vida y hacer que enfrente la justicia", dijo la dirigente.

Los militares detenidos elevan el ya alto número de uniformados encarcelados por un Maduro que desconfía cada vez más del sector militar en medio de señales de que el mayoritario descontento de la población se está extendiendo a través de los cuarteles.

Según los documentos, los conspiradores habrían sostenido múltiples reuniones para preparar la operación, habrían infiltrado equipos de comunicaciones y habrían emprendido activamente labores de reclutamiento de personal militar.

No obstante, los documentos no aportan ningún tipo de evidencia material que demuestre qué era lo que se trataban en las presuntas reuniones, o incluso que las reuniones fueron efectivamente realizadas.

Son muy pocas las menciones directas de Machado dentro de los documentos, limitándose a acusarla de estar vinculada y de financiar la insurrección.

Abogados venezolanos consultados dijeron que los documentos no detallan cómo fue que los servicios de inteligencia determinaron que los militares acusados estaban conspirando contra Maduro, en coordinación con funcionarios policiales y dirigentes políticos de la oposición.

Las acusaciones no están sustentadas por las pruebas que los servicios de inteligencia del régimen habrían obtenido y las acusaciones formuladas son tratadas por la corte militar chavista como si fuesen en sí mismas evidencia de la culpabilidad de los acusados.

"Los tribunales militares no están cumpliendo con lo que establece la Constitución de Venezuela ni con lo que establece el código procesal penal. Están pidiendo órdenes de aprensión sin ningún tipo de sustento legal que estén demostrados por verdaderos elementos de convicción de que las personas sean autores o partícipes de los hechos", comentó desde Miami el abogado penalista Luis Vielma tras estudiar los documentos.

"La justicia venezolana es hoy manejada por criterios de aspectos políticos y no jurídicos", agregó Vielma, quien defendió ante las cortes militares a oficiales previamente acusados de conspiración, antes de verse obligado a salir del país cuando él mismo comenzó a ser perseguido por los agentes del régimen.