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Rafael Piña Pérez: Perspectivas 2017 y propuestas para enfrentar la crisis


Enero 23, 2017

La crisis económica, social y política que existe en Venezuela es producto de la aplicación desde 1999 de un modelo inviable y anacrónico llamado socialismo del siglo XXI que. Este modelo se ha propuesto destruir la economía capitalista en procura de sustituirlo por una economía y una sociedad estatizada que en la práctica ha fracasado como pasó en la extinta Unión Soviética. Igualmente fracasó este sistema en todos los demás países que lo han aplicado, sin excepción alguna. China tiene un Estado Comunista subsistiendo con una economía capitalista neo salvaje, sin derecho a huelga, sin convenciones colectivas, sin sindicatos autónomo, sin libertades y sin pluralidad política. Así ha pasado en todos los países que han transitado por este sistema económico- social ineficiente, ineficaz y represivo. Cuba y Corea del Norte son ejemplos vivientes de este anacronismo que hace involucionar a sus sociedades, pero también tienden a desplomarse para devolverse al capitalismo como viene ocurriendo desde la caída del Muro deBerlín. En todos los países comunistas interpretaron y aplicaron que socializar es estatizar, de allí su grave error fundamental que los llevó al derrumbe.
En Venezuela resulta evidente el fracaso de las estatizaciones de miles de empresas en el campo agrícola, industrial y de servicios. Una porcentaje importante de las empresas expropiadas o están cerradas o están funcionando en precarias condiciones, siendo manejadas por el clientelismo político partidista. La propiedad privada sigue siendo amenazada con controles cada vez más asfixiantes, hasta el punto de que la inversión tanto nacional como extranjera se ha venido reduciendo. La separación de poderes fue sustituida por la concentración de los mismos en el poder ejecutivo. La nueva Asamblea Nacional elegida el 5 de Diciembre de 2015 es desconocida y asediada por los demás poderes, generándose una complicidad e impunidad en los graves delitos de corrupción. Asimismo se utilizan los poderes, particularmente el TSJ y Fiscalía para fabricar delitos a la disidencia. Esta macabra complicidad e impunidad de los poderes de justicia, viene incidiendo también en la contracción de la inversión privada, como lo es también el alarmante índice de criminalidad que no se está combatiendo.
La economía lleva tres años consecutivos en contracción, con un decrecimiento acumulado de 23%, implicando disminución de la producción y aumento del desempleo formal y de la economía informal. Entre los manejos dolosos del control cambiario y los Fondos Parafiscales FONDEN y BANDES se han dilapidado más de 300.000 millones de dólares, que muy bien pudiera ser hoy el nivel de las reservas internacionales para atender holgadamente las importaciones y el pago de la deuda pública externa. Van seis prórrogas del decreto de excepción y Emergencia Económica, lo cual implica la escasa efectividad para no decir nada de estos decretos. La escasez y la espiral inflacionaria siguen su curso ascendente sin que se tomen medidas para reactivar la economía y enfrentar la inflación.
El déficit fiscal y el flujo de caja de PDVSA vienen siendo financiados en alta proporción con dinero inorgánico del BCV. El Banco Central perdió su autonomía desde que se modificó su ley para transferir directamente reservas internacionales al gobierno sin entregar la contraprestación en bolívares al BCV(estafa a la República). La liquidez monetaria viene creciendo muy por encima de la producción de la economía, generándose más inflación. En el lapso de cuatro años entre 2013 y 2016, la liquidez monetaria se ha elevado de unos 444 millardos de bolívares a unos 10 billones de bolívares en Diciembre de 2016. Las reservas internacionales en el año 2013 estaban alrededor de 29.000 millones de dólares, mientras en Diciembre de 2016 estaban en unos 5.000 millones de dólares. De esta manera el tipo de cambio implícito pasa de 15 bolívares por dólar en el año 2013 a 2100 bolívares por dólar en Diciembre de 2016. Ha sido bestial la pulverización de nuestra moneda y por ende el crecimiento desmedido de la inflación.
El resumen del diagnóstico expuesto en el párrafo anterior nos vislumbra un panorama sombrío para este año 2017 y los años subsiguientes, si no se corrigen urgentemente las políticas públicas, en especial las políticas económicas. Con este gobierno con su modelo económico retrógrado no es posible superar la grave crisis económica, social y política. Todas las medidas que está implementando es para agravar la crisis, más controles a la economía con medidas coercitivas contra las empresas como eso de visitar negocios para imponerles precios. Los CLAP y las llamadas tarjetas de carnetización son medidas populistas y represivas que afectan el funcionamiento de la economía. Los CLAP son discriminatorios, un delito de lesa humanidad porque atenta contra el derecho a la alimentación, además de los manejos dolosos del clientelismo partidista que los controla.
PROPUESTAS PARA ENFERENTAR LA CRISIS EN MATERIA ECONÓMICA.
1) Restablecer un clima de confianza en el país, en sus instituciones públicas, garantizando el ejercicio del capital privado nacional y extranjero, sin el cual no podemos rescatar la inversión reproductiva del capital. Para lograr este clima de confianza, además del respeto a la propiedad privada, se requiere también rescatar el Estado de Derecho, muy maltrecho hoy por un Estado con los poderes concentrados, coordinados por el gobierno nacional. Hay que retomar la separación de los poderes públicos como elemento esencial en torno a una sana administración de justicia. Por otra parte es fundamental un combate efectivo contra la delincuencia organizada cada vez más agresiva contra las personas y los bienes. Se deben desarmar los grupos paramilitares que el gobierno llama colectivos, pero se han constituido en un azote contra las protestas pacíficas establecidas en nuestra constitución
2) Desmontar el control cambiario que ya lleva 13 años, lapso demasiado largo. Este tipo de control solamente es aconsejable para atender desequilibrios en la balanza de pagos en un lapso de corto plazo. Este mecanismo se presta para manejos dolosos como efectivamente lo ha sido a través del tiempo. En esta oportunidad con tan largo período de este control y con los precios del petróleo más altos de nuestra historia petrolera, es de imaginarse la magnitud del dolo, como de hecho nos muestra lo que hasta ahora se ha descubierto. Este desmontaje ha debido comenzar desde antes del año 2014 (En Septiembre de 2014 empezó la caída de los precios del petróleo), para ejecutarlo progresivamente y no de una vez, como lo está presionando la realidad económica en estos momentos. Se ha dejado pasar más de tres años, sin introducir los correctivos necesarios, mientras se agrava cada vez la escasez de alimentos, medicinas e insumos de la producción, acompañada de una ascendente inflación.
3) Eliminar el perverso control de precios que se ha acentuado en estos años de la llamada revolución bolivariana. Tenemos varios preceptos legales de controles de precios y cuanto más se arrecian esos controles irracionales, se genera más inflación por los efectos negativos en la producción, incluyendo cierre de empresas. La inflación no se combate ni con control de precios ni con control de cambio, se demuestra en estos 13 años de control cambiario y de control de precios que viene desde mucho más atrás, pero acentuado en estos últimos años de gestión "revolucionaria". La inflación se combate con producción, productividad, disciplina fiscal y monetaria, así como una delimitación definida para el ámbito de acción del Estado y del sector privado. A este respecto basta que el Estado maneje la industria petrolera aguas arriba y el sector privado aguas abajo. Lo mismo podría hacerse con las industrias básicas de Guayana, dejando al sector privado todas las inversiones aguas abajo.
4) Rescatar la autonomía plena del BCV, a objeto de ejercer la regulación de la liquidez para enfrentar la inflación, ésta es la función básica del instituto emisor. Rescatando la autonomía del BCV acompañada de la disciplina fiscal y los estímulos a la inversión privada nacional y extranjera, expresados en los puntos 1, 2 y 3, constituyen decisiones esenciales para la reactivación del aparato productivo. El rescate de la autonomía del BCV para enfrentar la inflación lo es en administración de justicia la autonomía de los poderes públicos, valga este símil para competencias distintas, pero sinónimas para objetivos que conducen al bienestar de la población.
5) Negociar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial un plan de ajustes que lamentablemente va a significar sacrificios para toda la población dada la gravedad de la crisis económica y social causada por las erráticas políticas públicas. Se ha dejado pasar el tiempo, sin tomar correctivos, acentuándose progresivamente la escasez y la inflación. Urge un crédito puente de unos 50.000 millones de dólares para sufragar pagos de deuda externa de la Nación y PDVSA y atender las importaciones esenciales en alimentos y medicinas. La banca multilateral va a exigir ajustes que pudieron evitarse de no postergarse por mucho tiempo las decisiones oportunas para los correctivos. Estos errores y omisiones lo pagaremos caro los venezolanos con más sacrificios de los que hemos padecido en estos años de tanta ineptitud, despilfarro y corrupción en el manejo del Estado.
6) Negociar con la Unión Europea acuerdos macro para incentivar la inversión en Venezuela. Igualmente con otros países como Edos Unidos por ejemplo, es que acaso no lo está haciendo el gobierno comunista de Raul Castro en pro de superar la paupérrima economía en casi sesenta años de comunismo en la isla. Lo que el gobierno cubano llama a Mariel como zona especial para el desarrollo, no es más que una zona franca industrial, pero los comunistas le cambian el nombre intentando de no parecerse al capitalismo. Se trata de un capitalismo semisalvaje al estilo chino, sin derecho a huelga, sin convenciones colectivas y sin sindicatos autónomos.
7) Congelar los aumentos pendientes del precio de la gasolina hasta tanto no se inicie el proceso de recuperación de la economía y del empleo, dada la incidencia de los precios del combustible en el nivel general de precios y por ende en el poder de compra de la población, particularmente en los sectores más pobres. A este respecto no se deben seguir aumentando las tarifas de los servicios públicos como electricidad y agua hasta tanto no se recupere la economía y el poder de compra de la población. Se trata de subsidios directos más fácil de aplicar, sin que esto quiera decir que se trata de lo más justo, porque también se benefician sectores de mayor poder adquisitivo, pero es la vía mas expedita para avanzar progresivamente. Hay que acotar también que los sectores pobres de la población constituyen más del 80%de la población (pobres de los segmentos D y E)
En próximas notas abordaré aspectos sociales y políticos para enfrentar la crisis.

Economista, Prof. titular de LUZ, Ex presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia.