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¿Podrá el SIMADI con el dólar negro?


Marzo 04, 2015

En la historia económica de Venezuela abundan los casos de regímenes cambiarios duales. Pero pocas veces se habían visto las distorsiones cambiarias que en Venezuela se inauguraron en 2015, con tres tipos oficiales. En julio de 1941 se establecieron tipos de cambios múltiples según la naturaleza del bien que se exportaba y cuyas divisas ingresaban al BCV. Así, existía el dólar del cacao, el dólar del café y el dólar petrolero, en un entramado de subsidios a las actividades agrícolas en trance de fenecer por el empuje monopolizador del petróleo en la economía. Luego, en noviembre de 1960, en medio de una aguda crisis económica y política, el presidente Betancourt adoptó un sistema de cambio dual con una tasa oficial a Bs/US$ 3,30 y una tasa libre a Bs/US$ 4,40. Antes de entregar el poder, afínales de 1963, unificó los tipos de cambio a la tasa de Bs/US$. 4,30. Este ha sido el único caso exitoso de un sistema de cambio dual. Todos los demás han fracasado estrepitosamente.

Cuando se impone un control de cambio, el efecto inmediato es la aparición de un mercado negro en el cual se realizan las transacciones en divisas que no encuentran espacio a la tasa de cambio oficial. Es parte de la historia económica universal las dislocaciones provocan la brecha entre las tasa de cambio preferencial y paralela. Entre otras, la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de exportaciones, todo ello con el propósito de realizar el arbitraje entre una tasa de cambio muy barata y otra muy cara. Es conocido también la conducta rentista que genera los esquemas de control de cambios. La producción es sustituida por importaciones ficticias realizadas por cambistas con atuendo de empresarios. De estos casos, el control de cambio establecido en febrero de 2003, ha batido todos los records locales, regionales y mundiales.

Con el lanzamiento del sistema marginal de divisas (SIMADI) muchos propagandistas se aventuraron a decir que los días del invicto mercado negro de divisas estaban contados. Dos ensayos ha aplicado el gobierno intentando acabar con ese mercado y no ha podido. El primero fue el SITME, engendro creado por Nelson Merentes en julio de 2010, de factura claramente cuestionada y que lo único que sirvió fue para enriquecer a unos pocos y generar una masiva salida de capital. Luego siguió el SICAD II, creación de Rafael Ramírez y del reincidente Nelson Merentes, supuestamente para "pulverizar al mercado negro". El SICAD II no le aguantó un round al mercado paralelo. Ahora ensayan con el SIMADI.
Es obvio que los operadores bursátiles estén interesados en que haya la apertura de un mercado paralelo oficial de cambios, en el contexto del control vigente, para así recuperar el tiempo y los ingresos perdidos tras el cierre del mercado en mayo de 2010. Eso está muy bien y además es legítimo. Pero se debe ser muy comedido y prudente. Lo que está mal es que no se le hable con la verdad a quienes angelicalmente creen que van a poder comprar los dólares por los montos que quieran para importar, remitir sus dividendos o cubrirse de la inflación.

Veamos los números. Todo mercado tiene dos puntas: la de los compradores y la de los vendedores. Para que el precio se estabilice, algún tipo de correspondencia debe haber entre los flujos de demanda y de oferta. La demanda está constituida por todos aquellos quienes tienen saldos e ingresos en bolívares y desean transformarlos en divisas y la misma está representada por los ahorristas a los que la inflación está arruinando, las empresas que requieren importar a tasa de cambios preferencial y no le entregan dólares y empresas extranjeras con un caudal de moneda nacional en los bancos y que no encuentran qué hacer con tanta plata. Es decir, la demanda es casi infinita, acotada, obviamente por la liquidez existente. Se calcula en unos US$ 25 millones diarios, más de US$ 5.000 millones anuales.

La oferta hasta ahora provendría de las exportaciones no petroleras que en 2015, alcanzarían apenas a US$ 2.500 millones, las remesas familiares e ingresos de turistas extranjeros, con unos US$ 800 millones cuando mucho y los flujos de capital de empresas petroleras por nuevas inversiones. Claramente se trata de montos insignificantes ante una demanda potencial manifiestamente superior. Por tanto, alguien debe suplir el descalce entre la demanda y la oferta para que el precio no suba. Ello puede hacerlo únicamente PDVSA y otras empresas petroleras vendiendo parte del flujo por exportaciones y el BCV, quemando parte de sus menguadas reservas. En consecuencia, mientras más venda PDVSA en el SIMADI, menos dólares habrá para cubrir los otros dos mercados oficiales.
Si quienes quieren comprar dólares no encuentran que su demanda es satisfecha y si el BCV no acepta que el precio del dólar aumente, inevitablemente esa demanda se trasladará hacia el mercado negro, como en efecto ya está sucediendo.

Pero hay otros aspectos que hacen al SIMADI disfuncional hasta ahora. El más importante tiene que ver con el hecho que para que una casa de cambio, un operador bursátil o un banco venda dólares a un cliente, tiene que haber por la otra punta, alguien que quiera vender, en un ambiente donde no hay, hasta ahora, mercado interbancario ni mesa de cambio activa en el BCV, para suministrar dólares al mercado. El otro aspecto es el siguiente: si la cotización del SIMADI es de Bs/US$ 171 y la del mercado negro es Bs/US$ 185, pocos venderán en el primer mercado.

Dos hechos merecen ser considerados para valorar la duración del SIMADI. El primero es la inconsistencia de la política macroeconómica. Con un déficit fiscal que ronda los veinte puntos del PIB y una liquidez creciendo a un ritmo de 70,0% anual, dudo que cualquier mercado de cambio paralelo pueda estabilizarse de forma permanente y sin que el precio del dólar aumente. La liquidez que se retira vendiendo divisas a la tasa de Bs/US$ 171, la vuelve a inyectar el BCV. El segundo es que las oportunidades de inversión en moneda local han desparecido virtualmente, por la elevada inflación y el clima de hostilidad hacia la gente de empresas y los ciudadanos en general.

José Guerra