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La última oportunidad


Agosto 18, 2014

La actividad económica se da en un contexto social, jurídico y político. Cuando un empresario invierte, especialmente grandes cantidades de dinero, ha observado primero el funcionamiento del país receptor: Cómo funcionan su gobierno, sus tribunales, qué expresan sus leyes, la disponibilidad de recurso humano, de electricidad, la seguridad personal. Lamentablemente, en muchos de estos aspectos, Venezuela es poco atractiva en comparación a otros países de América Latina y del mundo.

El presidente Maduro tiene hoy una encrucijada. De continuar la política económica heredada de Chávez, nos encontraremos en un abismo aún más profundo del que estamos. Es muy simple. La Unión Soviética intentó por 70 años un régimen político y económico semejante al que se ha querido imponer acá y no les fue posible. Ello a pesar del alto nivel educativo y del esfuerzo tremendo de su pueblo. Igual ocurrió con Alemania Oriental desde 1945 a 1989 y de Cuba desde 1959.

Ninguna estructura económica tiene éxito a largo plazo si no se basa en la educación de su mano de obra, la alta preparación de sus clases dirigentes y el reconocimiento del trabajo y del ahorro como fuentes primarias de la riqueza y del ascenso social. En Venezuela, en especial en los últimos años, no ha sido así. Cuando Maduro llega a la presidencia de la República, tuvo la gran oportunidad de dar un viraje a la política económica, pero las contradicciones internas no se lo han permitido. Hay un grupo importante dentro del Gobierno que tiene a la fracasada revolución cubana como el modelo a seguir. Recordamos que en abril de 2013, saliendo de Miraflores, el presidente de industrias Polar, informaba que si el Gobierno le vendía o alquilaba una de las plantas de harina de maíz, se comprometía a incrementar la producción en pocos meses. Año y meses después, estamos aún peor: la producción de muchos rubros ha bajado, la ausencia de bienes e insumos importados, el contrabando rampante y demostrativo de una enorme corrupción de parte de quienes debieran controlarlo, la inseguridad personal no baja. El Gobierno Nacional, ante la crisis, debería tomar una serie coherente de medidas, es decir, un programa económico que pueda ser entendido por empresarios, sindicalistas, académicos, trabajadores y por toda la población. Ello incluye un aumento significativo del precio de la gasolina, pero también un simultáneo cese de las ventas a crédito de petróleo. Tal aumento de la gasolina no será suficiente para acabar con el contrabando, obligando al Gobierno y a la Fuerza Armada a combatir de verdad ese vicio. Las tarifas eléctricas deben subir, pero ¿Es lógico hacerlo con la actual calidad del servicio?

Por último, debe promoverse un consenso político y nacional que haga creíble el funcionamiento de las Instituciones. La impresión que dan hoy el TSJ, la Fiscalía, la Contraloría, el CNE y hasta la Fuerza Armada, es de ser instrumentos políticos del Poder Ejecutivo. Esto perjudica no sólo a la oposición, sino que aleja a los posibles inversionistas, que saben que de traer millones de dólares al país, quedan a la merced de tribunales que nunca les darán la razón en un litigio con el Gobierno.

Alfredo Rincón

alfredorin@hotmail.com