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¿Hasta cuándo?


Abril 20, 2016

La opinión generalizada en la población venezolana es que la situación se ha agravado. La falta de luz y de agua, el crecimiento de las colas por la escasez, la inflación desmedida, el auge de la delincuencia y la cotización del dólar son apenas unos datos que se derivan de una realidad: el ingreso petrolero ha bajado a la mitad, se certifica la falta absoluta de consenso, el Gobierno se radicaliza y la institucionalidad se tambalea.

La mayoría de los analistas piensan que a pesar que se ha detenido la caída abrupta de los precios del petróleo y a pesar de algunos fondos que se han conseguido a última hora por préstamos, venta de activos y derechos de inversión, el gobierno está operando por debajo de un óptimo mínimo de 60 dólares el barril y por lo tanto presenta un gran déficit fiscal. Por otra parte, no se ha podido establecer una plataforma mínima de negociación entre el gobierno y la oposición. El juego está trancado y cualquier movimiento a favor de un encuentro es visto como una claudicación.

En relación a la tercera variable, el oficialismo no da marcha atrás en su compromiso con el socialismo del siglo XXI. Sus elementos fundamentales; autoritarismo, centralismo, estatismo, poder comunal y otros experimentos de movilización populista siguen en pie, a pesar de su poca eficacia y de su fuerte relación con la crisis económica advertida en el país.

Por ello, el proceso de agotamiento institucional se deriva del choque de opiniones, doctrinas y decisiones que distorsionan el marco constitucional y legal de la nación. La oposición, que es mayoría en la Asamblea Nacional, se ve limitada en su legítimo derecho de elaborar y aprobar leyes de la República, ya que no solo el Ejecutivo se niega a sancionarlas sino que las envía al TSJ para que las declare improcedente. En resumen, el Gobierno está a la defensiva y la oposición enfrenta cada día más una serie de obstáculos para llevar adelante la hoja de ruta propuesta.

CARLOS ROMERO