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Giovana de Michelle: ¿Fujimorazo?


Febrero 17, 2016

El proceso transcurrió frente a la mirada complaciente de la OEA y 70% de los peruanos
Fujimorazo fue el nombre que se le dio al golpe de Estado dado por el entonces presidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, el 5 de abril del año 1992, cuando con el apoyo de las fuerzas armadas de su país, disolvió el Congreso nacional e intervino el Poder Judicial.

Alberto Fujimori había llegado a la presidencia en abril de 1990, mediante un proceso electoral, definido en segunda vuelta, en la cual se enfrentaron Mario Vargas Llosa, entonces candidato del partido Frente Democrático y Alberto Fujimori representando la tolda política Cambio 90. En esa oportunidad se renovó también la totalidad del Poder Legislativo, conformado por 180 Diputados y 62 Senadores.

El triunfo de Fujimori fue contundente, ya que logró imponerse con casi dos millones de votos sobre su contrincante. Sin embargo, en lo atinente a la conformación del Poder Legislativo, el recientemente creado partido Cambio 90, no salió favorecido, y solamente pudo obtener una pequeña minoría, que sin lugar a dudas garantizaría el contrapeso que en democracia se requiere para un sano ejercicio del poder.

Para ese momento, la situación interna del Perú era sumamente demandante, ya que, el Estado se enfrentaba a una guerrilla en expansión, con importante presencia en diversos sectores de la vida nacional; por lo que el nuevo Presidente no vaciló en solicitar al renovado Congreso, la concesión de amplios poderes que no le fueron otorgados y muy por el contrario, en febrero de 1992, el Poder Legislativo aprobó la ley N° 25397, mediante la cual se imponía un control parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, a quien ya la Cámara del Senado investigaba por supuestas violaciones a los derechos humanos.

La reacción del Presidente, quien por cierto disfrutaba de la doble nacionalidad, por ser ciudadano peruano y a la vez japonés; fue disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992, cuando además ofreció un discurso a la Nación en el que argumentó: "la actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios… que pretende maniatar" al jefe de Estado; "cuando se niega al Presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia"

Lo cierto es que a raíz de estos hechos, se instauró en Perú un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que condujo a un Congreso Constituyente Democrático que promulgó una nueva Constitución Nacional y permitió a Alberto Fujimori permanecer en el poder hasta el año 2000. El proceso transcurrió frente a la mirada complaciente de organismos como la Organización de Estados Americanos y la aprobación según diversas encuestadoras de más del 70% de los peruanos.

De ahí en adelante, se consolidó en América Latina la figura del Fujimorazo o el mal llamado "autogolpe", como la expresión de un ejercicio de poder por parte del Ejecutivo, tendente a conculcar la autonomía de los poderes públicos y de esa manera ejercer la autoridad sin control alguno. En este sentido vale la pena recordar la máxima de la democracia contenida en la obra del Barón de Montesquieu, titulada "Del espíritu de las Leyes", según la cual, es imprescindible la existencia de un sistema de "controles y contrapesos" en el ejercicio del poder, como una única manera de evitar las tiranías.

Alberto Fujimori se mantuvo en el poder hasta el año 2000, cuando salió del Perú con el supuesto propósito de asistir a una cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico, y terminó refugiado en Japón amparado en su doble nacionalidad. Actualmente, cumple una condena por violaciones de derechos humanos, peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado.

No obstante, independientemente del previsible mal final de quien la historia recuerda como el último dictador del Perú, su legado ha sido nefasto para la democracia en América Latina. El Fujimorazo ronda por nuestra región y se ha recordado con temor y osadía en diversas ocasiones; como por ejemplo, en el año 2003, cuando el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso una reforma constitucional que algunos calificaron como "Fujimorazo blanco", porque consideraron que se trataba de una estrategia para rediseñar las instituciones a la medida del gobernante de turno; o en 2010, cuando el presidente del Paraguay Fernando Lugo, intentó anular por vía judicial la potestad del Congreso de su país de someter a juicio político a los magistrados e incluso al Presidente de la República. También podemos recordar, la denuncia que en 2013 presentó el expresidente boliviano Jorge Quiroga, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, el Presidente Evo Morales perpetraba un "Fujimorazo al estilo boliviano", cuando a través del Tribunal Constitucional buscó su reelección presidencial.

No obstante, uno de los capítulos más sonados, está en estos momentos en pleno desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela, donde luego de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2015, la oposición logró obtener la mayoría calificada de 2/3 de los escaños de la Asamblea Nacional. De hecho, desde el momento mismo de la juramentación de los nuevos miembros del parlamento; ha surgido una gama de voces que recuerda aquel célebre y fatídico Fujimorazo de 1992. Es más, algunos hablan del equívoco y mal llamado "autogolpe".

A todos ellos hay que recordarles que Golpe de Estado es toda violación de los postulados de la Constitución Nacional. En consecuencia no existe tal cosa como un "autogolpe"; lo que existe, es un ejercicio inconstitucional del poder. Tampoco existe eso que algunos insisten en llamar "Golpe Judicial"; en su lugar lo que existe es una particular interpretación de las leyes en favor de un proyecto político.

En estos momentos, a diferencia del año 1992, la información circula por el mundo a una velocidad nunca antes vista, y los compromisos que se han suscrito en defensa y promoción de la democracia, obligan a exhibir posturas cónsonas con las decisiones soberanamente asumidas por los Estados, como aquella de suscribir la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 menciona "la separación e independencia de los poderes públicos" como uno de los elementos esenciales de la democracia.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 139 establece: "El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder o por violación de esta Constitución o de la ley."

El mismo que algunos erróneamente definieron y siguen recordando como "autogolpe".

Giovana de Michelle