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EL ESTADO DE DERECHO, HA MUERTO... DEDO EN LA LLAGA


Mayo 17, 2016

El orden legal establecido en el país, ha muerto en extremo que aquella denominada mejor Constitucion del mundo, surgida del Poder Constituyente, su contenido debe interpretarse por la Sala Anticonstitucional del TSJ. El articulo 187 en su seccion 10 es claro al precisar que corresponde a la AN dar votos de censura al vicepresidente y ministros, pero que por ordenes de esa sala, la decisión dada contra el Ministro Marcos Torres por su rotundo fracaso en el abastecimiento alimentario, esa función no está permitida por petitoria de diputados aplicado después de 6 años en la aprobación del reglamento interno de la AN desde el 2010 increíble, pero cierto.

Los juristas inmorales, parecen olvidar una regla básica del derecho como es la perención la cual se aplica por falta de actividad de cierto lapso en este caso, un año, para ser más exactos. Pero aun mas, la misma a los tres años entra en la etapa de prescripción como medio para liberarse de una obligación y más aun en ultima explicación al perder fuerza su valor entra en caducidad que significa que se extingue la acción y más cuando los actores que la solicitaron no son los mismos para el momento de la solicitud ¿cómo es posible que nuestra representación popular se siga dejando avasallar por un poder derivado como lo es el TSJ?. Mas grave aun constituye el hecho que todas actuaciones de la AN desde esa fecha para acá para aplicar el carácter sanatorio de la retroactividad deja sin efectos, muchas pretensiones del Poder Ejecutivo incluyendo el ultimo Estado de Emergencia y hasta el nombramiento de los jueces y hasta la sanción a María Corina, quien debe ser resarcida con salarios caídos por retroactividad salvadora. ¿Que no lo cree lea?

La noticia vuelve a encender el desprecio del TSJ al origen legitimo del pueblo como lo es la AN creando crisis en el estado de derecho del país cuando la Sala Constitucional del Tribunal después de 6 largos años alega admitió la solicitud de los ciudadanos Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala, María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano, de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 cuando ya había prescrito. En dicha sentencia, para aquella oportunidad, Silia Flores en su carácter de Presidente no acepto las sugerencias del TSJ pero hoy cuando no están los mismos elementos políticos de su tolda, y menos los actores en funciones de aquella ocasión, la Sala da expresa respuesta a la solicitud de los accionantes y acordó suspender en forma provisional varias disposiciones del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en donde se destaca que los funcionarios no tiene por qué responder ni asistir a cualquier comparecencia.

Igualmente, y de forma cautelar, ordenó a la Asamblea Nacional la incorporación -a nivel nacional- de la consulta popular obligatoria en la formación de las leyes. Desde su primera sentencia, la Sala Constitucional ha afirmado que ella es el "último intérprete de la Constitución", incluso, por encima del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, la Sala Constitucional no se ha limita a anular Leyes, sino que las modifica pasando por encima de la Asamblea Nacional. Es su santa palabra, que sin ser un órgano surgido de la esencia popular y el cual se debe a la intención expresada en ese organismo colegiado de origen legitimo.

La sentencia que establece límites a la AN es la 09 comentada en anterior ocasión, cuando los Rectores la manipularon, contenida en el expediente número 16-0153. El procedimiento es un recurso de Interpretación de: Gabriela Flores Ynserny, Daniel Augusto Flores Ynserny y Andrea Carolina Flores, "con fundamento en lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con los criterios adoptados en las sentencias dictadas por esta Sala bajo los Nros.1077-2000, 1347-2000, 1387-2000, 1415-2000, 226-2001, 346-2001 y 731-2013, RECURSO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

El 23 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribió la decisión del contenido de la norma que antecede, en concordancia con los artículos 222 y 223, y cuya interpretación se solicita a la luz del presunto objeto de la convocatoria, donde surgen grandes incertidumbres respecto a si, puede la Asamblea, dentro de su función de control y vigilancia, convocar a los altos funcionarios a fin de "diagnosticar y diseñar políticas públicas" o como lo expresó el Diputado Elías Mata para "…reunirnos y discutir el futuro económico del país" cuando pareciera que el mecanismo constitucional que ejerce la Asamblea va dirigido a interpelar e investigar a los funcionarios públicos para la determinación de sus responsabilidades políticas por actuaciones concretas en su gestión administrativa, según alego Arcadio.

Sin embargo, toda esa parafernalia fue para protegerse en sus cargos y evitar que el poder soberano se impusiera en su organismo siendo este dependiente en su formación de la misma, cuando violando toda disposición legal se nombraron Rectores fuera de los lapsos y sin currículo, logrando ahora cuando se quiere aplicar a sus funciones consagradas en la Constitucion, la AN está atada de manos.

Lo que más extraña, es la forma tan urgente como se aprobaron las decisiones impuestas por el régimen y la rapidez como el caso de los diputados de Amazonas y otras respuestas y ahora después de tanto tiempo dan repuesta como un mago sacan a la luz una decisión la cual estuvo congelada 6 años olvidando que la ley y tiene sus demarcaciones y que en esta caso no solo establece la perención, sino la prescripción y por supuesto caducidad.

Como es del conocimiento público, el ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres, se convirtió en el primer funcionario activo en ser objeto de sanciones políticas por parte de la Asamblea Nacional, al negarse a comparecer ante la plenaria, que lo había convocado para explicar sus planes para enfrentar la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela. La moción de censura, propuesta por el diputado Ismael García y aprobada por la mayoría calificada de las tres quintas partes del parlamento, implica que el funcionario debe ser destituido y no pude volver a ocupar cargos de ministro o vicepresidente ejecutivo durante la gestión de Maduro. Durante su intervención, la diputada Manuela Bolívar extendió a Marco Torres las responsabilidades de su antecesor Carlos Osorio, quien también recibió sanciones políticas por parte de la AN, al indicar que "ha sido cómplice al no dar información sobre las observaciones a la memoria y cuenta de Osorio. Ustedes saben la corrupción y el guiso (negociados) que hubo en el ministerio de Alimentación, el Banco Central y Mercal".

En otras palabras, la AN perdió el control impuesto por la propia Constitucion creando más incertidumbre a la realidad política donde la Sala anticonstitucional hace y deshace en sus pretensiones afectas a Miraflores y conlleva a reconocer que en Venezuela el Estado de Derecho perdió su legitimidad. El precedente en consecuencia impone que cualquier funcionario puede de ahora en adelante hacer lo que le venga en gana y nadie puede poner freno a sus desaciertos. ¿Que futuro espera al país?

ARISTÓTELES SOTO