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Demagogia barata


Noviembre 17, 2014

Cuando están venciendo los poderes habilitantes dados al régimen, sin razón alguna, el presidente anuncia una insulsa reforma parcial a la Ley para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones, promulgada en junio de 2012 por Hugo Chávez, también a través de una habilitación legislativa. Ahora se denominara Ley orgánica para la transferencia al Poder Popular, de la gestión y administración comunitaria de servicios, bienes y otras atribuciones.

Durante dos años esa ley fue totalmente ignorada, tanto por el Poder Nacional, como por los Estados y Municipios en su mayoría gobernados por autoridades afectas al régimen. En los dos últimos años, nadie hizo el menor intento por transferir al "Poder Popular", "servicios, actividades, bienes y recursos de los órganos y entes del Poder Nacional, Estadal y Municipal". ¿Por qué se acuerdan ahora de esa ley? ¿Por qué hacerle cambios de forma a 12 de los 36 artículos de ella para que todo siga igual? ¿Cuál es la razón de este teatro tan barato?

Evidentemente, que ante las elecciones parlamentarias del próximo año, un gobierno incapaz de dar respuestas en el orden económico-social, a los graves problemas que nos agobian, quiere esconderlos apelando a la demagógica oferta de transferir servicios, actividades, bienes y recursos a las 803 comunas registradas y a los 43.255 consejos comunales, a través de la creación de "empresas" de propiedad social directa e indirecta. Y esto se plantea, en momentos en que el déficit del Poder Público en 2015, superara el 20 por ciento del PIB.

Si esta ley el régimen se empeñara en cumplirla, prácticamente desaparecerían los Estados y Municipios, para darle paso a las formas socioterritoriales sin autonomía del Estado Comunal: comunas y consejos comunales, manejadas desde el poder central, con criterios político partidistas.

Si esta ley se empeñaran en cumplirla, la anarquía, el caos, la corrupción, y el uso irracional de los recursos, se adueñarían del país, aún más. Solo tendríamos que imaginarnos esto: ¿Qué pasaría si a través de "empresas" de producción social directa e indirecta, los Estados, los Municipios y la República se desprendieran de la atención primaria de salud, el mantenimiento de centros educativos, la construcción de viviendas, la administración de programas sociales, la protección del ambiente, el mantenimiento y conservación de áreas urbanas ,entre otras, para transferirlos a "empresas" sin experiencia alguna, manejadas por 43.255 consejos comunales? ¿Qué pasaría con los funcionarios de la República, los Estados y los Municipios que actualmente los manejan? ¿Quién garantizaría el uso eficiente y honesto de esos recursos que se transferirían a las comunas, si el propio ministro del ramo presuntamente ha incurrido en peculado de uso con su viaje a Brasil?

Si el régimen se empeñara en aplicar esta ley, en medio de la mayor crisis fiscal de los últimos años, se desataría una crisis social y política de pronóstico reservado. En consecuencia, estas últimas leyes aprobadas, son un canto de sirena para ganar votos en el próximo proceso electoral parlamentario. Por todo ello, habría que preguntarle al régimen, ¿qué sentido tiene elegir diputados que representen a meras entelequias, a las que se despojara de sus competencias y recursos?

El país debe reaccionar ante demagogia tan barata, acabando de una vez por todas, con el mito del "Poder Popular". Este no puede formar parte del Estado como lo pretende la ley que comentamos, pues es originario, autónomo e independiente. Prestarse a ese juego, es poner en peligro nuestra condición de ciudadanos, para convertirnos simplemente en súbditos de un Estado Comunal de inspiración fascista en pleno siglo XXI, sumidos además, en la peor situación económica de los últimos tiempos. Seremos simplemente unos pobres súbditos de un Socialismo marxista inviable. Y ello es contrario a la libertad y a la democracia dentro de un estado federal descentralizado.

Jorge Sánchez Melean