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DEDO EN LA LLAGA|El omnipotente poder incompetente


Marzo 03, 2016

El parlamento no fue directamente al grano, para frenar un TSJ ilegal tapa amarilla, cuando entre gallos de medianoche saltaron requerimientos legales y es ahora cuando intenta ponerlos al descubierto; pero los ilegales se protegen con la sentencia número 9 la cual especifica que la AN solo tiene control político sobre "el Gobierno y la Administración Pública Nacional" y no sobre poderes Judicial, Ciudadano y Electoral. El primer golpe lo constituyo declarar nulas sus decisiones por haber incorporado a tres diputados impugnados, creando un vacío de poder en el Legislativo. Luego aprobaron decreto económico del régimen, para hoy arremeter sepultando aspiraciones de un cambio, dejando campo abierto a decisiones futuras. ¿Qué camino queda? Conozca mi planteamiento.

Desde el primer momento reflexione que la única salida es declarar Constituyente, para la reorganización de los poderes, tal cual hizo Chávez asesorado por Fidel y nombrar autoridades a su conveniencia. Otra alternativa, es aumentar el número de magistrados para quebrar la mayoría exprés la cual es otra salida. Lea aquí los argumentos esgrimidos de aquella ocasión para controlar el organismo. Para nadie, es secreto que el TSJ conformado por los rectores adecuados, nunca se atrevió a imponer normas más allá de su competencia para el 2002 ajustado a los hechos reales con la renuncia de Chávez, declaro Vacío de Poder y este contrarresto ampliando los jueces. De nuevo en esta ocasión otro abogado zuliano Arcadio Delgado Rosales, es autor de otro desaguisado al mejor estilo de la familia Delgado Ocando con sus sentencias acomodaticias a intereses personales. Lea aquí también, el dictamen.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aclaró que la Asamblea Nacional solo tiene control político sobre "el Gobierno y la Administración Pública Nacional" y no sobre los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral. Tal afirmación la hace luego de interpretar de "forma gramatical, lógica, histórica e integral los artículos 187.3, 222, 223 y 224" de la Constitución Bolivariana de Venezuela. A través de la sentencia N° 9 de este 1 de marzo de 2016, el TSJ añade que las labores del Poder Legislativo deben estar dirigidas exclusivamente a los funcionarios sometidos a control político e indicar su necesidad. Asimismo, informa que los funcionarios pueden contestar las inquietudes de la AN o de las comisiones, de ser posible, por escrito o asistir a la plenaria cuando se solicite tal fin, debido a que en la Constitución no está avalado el abuso ni la desviación de poder.

La Sala declara que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es pasible de control parlamentario y político a través de su Comandante en Jefe, autoridad jerárquica suprema que ejerce el Presidente o Presidenta de la República, según información publicada en su portal web. Así el TSJ fijó límites a poderes contralores de la Asamblea Nacional, contenida en el expediente número 16-0153. El procedimiento es un recurso de Interpretación con fecha del 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, actuando en nombre propio, presentaron ante esta Sala, "con fundamento en lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con los criterios adoptados en las sentencias dictadas por esta Sala bajo los Nros.1077-2000, 1347-2000, 1387-2000, 1415-2000, 226-2001, 346-2001 y 731-2013, RECURSO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Como fundamento de su pretensión, señalan lo siguiente: Ha sido un hecho público y comunicacional que, durante los últimos meses, la Asamblea Nacional, a través de diversas comunicaciones emanadas de su Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y de las diferentes Comisiones Parlamentarias, ha solicitado a las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional su comparecencia; tales solicitudes han sido fundamentadas en las competencias de control, investigación y fiscalización del órgano legislativo previstas en los artículos 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley sobre el Régimen, para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, a los fines de investigar o indagar sobre materias que son competencias propias del Poder Ejecutivo Nacional.

Las circunstancias narradas producen incertidumbre en dos aspectos fundamentales: Por una parte, respecto al cumplimiento del precepto establecido en el artículo 244 constitucional que establece la obligación que tiene en particular cada Ministro, de presentar, ante la Asamblea Nacional y dentro de los primeros sesenta (60) días del año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del Despacho en el año inmediatamente anterior.

Tal precepto hace surgir una duda razonable respecto a si, conforme a los artículos 222 y 223 Constitucionales, la Asamblea Nacional se estaría adelantando en solicitar la comparecencia de estos funcionarios, cuando la misma Constitución, en su artículo 244, establece el lapso para que dichas autoridades rindan la memoria razonada y suficiente sobre la gestión de su despacho del año inmediatamente anterior. El otro aspecto relevante reposa en la incertidumbre que surge con relación a si, puede la Asamblea Nacional, con fundamento en las funciones de control y vigilancia establecidas en la Carta Fundamental, exigir la comparecencia de tales funcionarios para discutir el futuro económico del país y diseñar las políticas públicas y líneas de acción administrativa a ser desarrolladas por el Poder Ejecutivo, funciones estas últimas que el Texto Constitucional, en sus artículos 226, 238, 239 y 242, le otorga, de manera exclusiva y excluyente, al Poder Ejecutivo cuando le asigna competencia para dirigir la acción de gobierno.

En iguales términos pareciera evidenciarse que la Asamblea Nacional busca socavar la credibilidad en la imparcialidad e independencia del árbitro judicial al señalar reiteradamente que el Alto Juzgado no le favorecerá por razones políticas, lo cual podría soslayar las verdaderas razones jurídicas y éticas de sus funciones.

Las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional respecto de las "invitaciones" y convocatorias a comparecer realizadas por ese órgano a altos funcionarios del Ejecutivo Nacional y los constantes señalamientos sobre posibles investigaciones contra las máximas autoridades del Poder Judicial han generado incertidumbre acerca del ejercicio de las competencias de control y fiscalización del máximo Órgano Legislativo Nacional, tanto en lo material o sustancial, como en aquello referido a las formalidades para tal ejercicio, aplicable o no por extensión a los órganos de administración de justicia.

En efecto, la creación de una Comisión Especial encargada de revisar el nombramiento de Magistrados, Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia y la posibilidad de "investigaciones" plantean también incertidumbre respecto a si estas convocatorias aplican igualmente al Poder Judicial en el marco o fuera de la Comisión Especial que podría burlar el contenido del artículo 265 de la Constitución y el procedimiento investigativo que de él se deriva concatenado con a la audiencia previa a que se hace referencia en la misma.

Así se declara. MERO DERECHO Y URGENCIA DEL ASUNTO

Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada, los cuales se vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide. Termina la sentencia.

La otra salida propuesta se basa en lo que nadie recuerda es como el régimen contrasto las decisiones del TSJ en el 2002 y me pregunto porque siguiendo ese mismo espíritu la AN no puede ahora aumentar el número sin discusión alguna para discrepar a los jueces fanáticos y vendidos al régimen.

1. Luego de aprobarse la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la mayoría simple de la Asamblea Nacional (83 de 165 diputados), ésta procedió a designar 17 nuevos magistrados para el TSJ. De las 17 nombramientos, 12 eran para cubrir la ampliación de magistrados de 20 a 32 y los 5 restantes fueron para reemplazar a magistrados quienes se acogieron a la jubilación luego de verse presionados por el Gobierno para retirarse del TSJ.

2. Se designaron 17 principales y 32 suplentes alterando así el número y composición del máximo Tribunal y lográndose una mayoría favorable al Gobierno en todas las Salas del máximo Tribunal. Según el presidente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional —el diputado y militar retirado Pedro Carreño— el gobierno de Chávez Frías no abriría espacio alguno para la oposición en el seno del TSJ, "No nos vamos a meter un autogol", expresó anunciando la línea dura que se impondría: Los electos "son magistrados cuya filiación revolucionaria está más que garantizada".

3. Entre los nombradosmás destacados por su parcialización hacia el Gobierno están: Luís Velásquez Alvaray y Luis Franceschi, diputados de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional; Francisco Carrasquero, hasta entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral, el militar retirado Eladio Aponte Aponte, ex Fiscal General Militar y Deyanira Nieves, jueza superior del circuito de Caracas quien ya habría decidido a favor del gobierno en casos como el de Carlos Melo (líder de la oposición encarcelado durante los sucesos de marzo de 2004), el de los atentados a las embajadas y el de los soldados disidentes asesinados.5. La aprobación de la modificación a la Ley del TSJ y la designación de los 6. La organización en pro de la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), aseveró el 14 de diciembre de 2004 que con esta Ley, la Asamblea Nacional asestó un severo golpe a la justicia independiente y autónoma. Ese criterio lo ratificó su Director, José Miguel Vivanco en la ciudad de caracas el día 26 de septiembre, agregando que se debería invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El Presidente del TSJ, Omar Mora Díaz, respondió a estas declaraciones de Vivanco calificándolas de maniobra "imperialista" y arremetiendo contra la forma en que se administra justicia en los Estados Unidos. Una preocupación similar por la independencia y actuación del poder judicial ha sido expresada recientemente por la Comisión Andina de Juristas.

4. Omar Mora Díaz es el nuevo Presidente del TSJ a partir del 4 de febrero de 2005 y en su primercontacto con la prensa, ofreció sacar a los jueces golpistas del Tribunal: "No puede ser que un juez, en nombre del principio de soberanía popular, se convierta en un golpista. No puede ser. A ese juez hay que removerlo a como dé lugar…No puede ser que el juez que vio por televisión a un señor –Pedro Carmona Estanga– dando un golpe de Estado, mañana lo suelte bajo el artificio (sic) de que aquí hubo un vacío de poder. Ese señor no debe ser juez" (El Universal 3 de febrero de 2005). Expresó igualmente que la sentencia de la Sala Plena que absolvió a los oficiales quienes participaron en los hechos de abril del año 2002, (Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Ramón Pereira Olivares y Daniel Comisso Urdaneta) , debería ser revertida; sin embargo, advirtió que ello debe ser resuelto de manera autónoma por la Sala Constitucional.8. Omar Mora, Presidente del TSJ,ha declarado abiertamente sus simpatías por el proceso político que vive el país: debe ser original…Uno de los errores del pasado, de quienes luchamos por transformar revolucionariamente la sociedad, fue la tendencia a copiar mecánicamente modelos extranjeros. En un momento dado, quisimos copiar la revolución bolchevique y fracasamos; después quisimos copiar la revolución china y fracasamos; luego la revolución cubana influyó poderosamente en la generación de los años 60 y quisimos aplicar mecánicamente esa experiencia y también fracasamos. La virtud de este proceso de transformación revolucionaria que vive Venezuela es que es una experiencia original… En los años 66 y 67, yo estuve preso cuatro veces en la Digepol y tres veces en la PM…Estuve hasta en Cachipo, un campamento antiguerrillero que estaba en Oriente. Yo militaba en la Juventud Comunista, en la clandestinidad. La vez que estuve preso seis meses fue cuando me imputaron por haber colaborado con la guerrilla, con el frente guerrillero que estaba en Falcón… Yo comencé a los 13 años de edad y milité hasta que se dividió el Partido Comunista. Me fui al PRV, porque yo era de la línea dura, pero, como ese movimiento fue infiltrado por los organismos de inteligencia se desmoronó. De ahí en adelante mantuve una posición independiente de izquierda, hasta hoy.". (El Nacional 3 febrero 2005 Página A-5).

Estos recuentos sin lugar a dudas muestra la real cara de la justicia y solo queda esta salida, sino se van por la Constituyente, allí están los hechos. O es que ¿debemos seguir esperando?

Aristóteles Soto|@dedoenlallaga1

Aristotele Soto